Es PosibleEs Posible
Mi visión sobre el mundo, el sistema que propongo para México y el siglo XXI. Ley, orden, cero impunidad.
En 1835, un aristócrata francés de treinta años escribió una frase sobre México que ningún gobierno mexicano ha querido leer.
Dijo que los mexicanos habían copiado casi entera la Constitución de Estados Unidos, pero que al trasladar la letra de la ley no pudieron trasladar el espíritu que le da vida.
Ciento noventa y un años después, América Latina probó las dos grandes recetas del siglo veinte. La del Estado que lo decide todo, y la del mercado que lo resolvería todo. Las dos fracasaron, y por la misma razón que ese francés vio en 1835.
Esto no es un ensayo sobre izquierdas ni derechas. Es sobre por qué seguimos discutiendo con el mapa equivocado, y sobre qué teoría del desarrollo podría sacarnos de ahí.
Hoy la política es simulación. Yo propongo efectividad.
Es simple: propongo crear el ecosistema donde el mexicano que trabaja en Estados Unidos y en Europa funcione, psicológica y materialmente, igual en México.
Un nacionalismo poderoso, no basado en banderas sino en eficacia, orden y democracia económica.
Las dos recetas cambiaron de dueño el poder, pero ninguna se lo devolvió al ciudadano. Lo que faltó en ambas es lo mismo que Tocqueville encontró en los pueblos de Nueva Inglaterra: libertad practicada desde abajo, en la asociación, en el municipio y bajo la ley.
Seguimos clasificando el mundo según dónde se sentó un diputado francés hace doscientos treinta y siete años.
En agosto de 1789, en la Asamblea Nacional francesa, quienes defendían el veto del rey se sentaron a la derecha del presidente. Quienes querían limitarlo, a la izquierda. Nadie estaba fundando una ciencia política. Estaban buscando dónde sentarse.
En 1989, Francis Fukuyama preguntó si la historia había terminado. No dijo que dejarían de pasar cosas. Dijo que la democracia liberal con mercado ya no tenía un rival universal. La historia regresó, con China, con 2008, con los populismos. Pero algo de su tesis sigue en pie: desde 1991 nadie serio discute si debe haber mercado. Se discute cuánto, para quién y con qué reglas.
Cuando la discusión deja de ser sobre el sistema, la línea que va de izquierda a derecha pierde su columna. El proteccionismo, que era bandera sindical, hoy lo encabeza la derecha estadounidense. En México, un gobierno que se dice de izquierda entregó al Ejército aduanas, puertos y aeropuertos. Las etiquetas ya no predicen lo que hará un gobierno.
Cuando una etiqueta ya no predice conductas, deja de ser un mapa y se vuelve un uniforme. Sirve para distinguir equipos, no para entender el partido.
Para entenderlo hay que volver a alguien que no se sentó en ninguna de las dos sillas.
En 1831, un joven magistrado francés viajó nueve meses por Estados Unidos para estudiar sus cárceles. Regresó con el libro más lúcido que se ha escrito sobre la democracia.
Alexis de Tocqueville no era de izquierda ni de derecha. Era un aristócrata que entendió, antes que nadie, que la igualdad era inevitable, y que la única pregunta era si llegaría con libertad o sin ella.
En La democracia en América, publicada en dos volúmenes en 1835 y 1840, buscó por qué la democracia funcionaba en aquel país joven. No lo encontró en la Constitución. Lo encontró en tres lugares que casi nadie miraba: en las asociaciones de ciudadanos, en el gobierno del pueblo y en las costumbres.
Y entonces escribió, sobre nosotros, esto:
Los habitantes de México, queriendo establecer el sistema federal, tomaron por modelo y copiaron casi por completo la Constitución federal de los angloamericanos, sus vecinos. Pero al trasladar la letra de la ley no pudieron trasladar al mismo tiempo el espíritu que le da vida.
Ahí está el diagnóstico de dos siglos. México ha cambiado de Constitución, de régimen y de modelo económico muchas veces. Lo que nunca cambió es el método: importar la letra desde arriba y esperar que el espíritu aparezca solo.
Para Tocqueville, el espíritu no está en el papel. Está en dos hábitos que se aprenden practicando.
Es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones municipales son a la libertad lo que las escuelas primarias son a la ciencia: la ponen al alcance del pueblo, le hacen gustar de su uso pacífico y lo acostumbran a servirse de ella.
En los países democráticos, la ciencia de la asociación es la ciencia madre; el progreso de todas las demás depende del progreso de esta.
La libertad no es algo que un gobierno le da a un pueblo. Es algo que un pueblo practica, en su plaza, con sus vecinos, bajo reglas que todos respetan. Esa es la frase que América Latina lleva dos siglos sin leer.
Tocqueville vio también el peligro de la democracia. No temía al tirano de uniforme. Temía algo más cómodo, y más difícil de ver.
Por encima de ellos se eleva un poder inmenso y tutelar, que se encarga él solo de asegurar sus goces y velar por su suerte. Es absoluto, minucioso, regular, previsor y suave. [...] No rompe las voluntades, pero las ablanda, las doblega y las dirige.
Lo llamó despotismo blando. Y es la mejor descripción que existe de lo que América Latina ha vivido bajo gobiernos de signos opuestos.
Un poder que reparte, que protege, que decide, y a cambio pide una sola cosa: que el ciudadano deje de organizarse por su cuenta. Que no forme asociaciones que no controle el Estado. Que no gobierne su municipio. Que espere.
Tocqueville advirtió que ese poder termina reduciendo a una nación a "un rebaño de animales tímidos e industriosos, del cual el gobierno es el pastor". No hace falta represión. Basta con la dependencia.
Esa es la clave para leer los dos fracasos que siguen. No fracasaron por ser de izquierda o de derecha. Fracasaron porque los dos, cada uno a su manera, construyeron desde arriba.
Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. En 2018, según su propio banco central, la inflación fue de 130,060 por ciento.
Desde 2015, casi ocho millones de venezolanos salieron de su país, según la plataforma de Naciones Unidas que los contabiliza. Es el mayor éxodo de la historia moderna de América Latina. Más personas que la población entera de Costa Rica, de Panamá o de Uruguay.
Cuba lleva sesenta y siete años de revolución. En agosto de 2026 aprobó reformas para abrir la isla a la inversión privada, bajo presión de Washington y con apagones que ya son parte del paisaje. Nicaragua pasó de una revolución que prometía democracia a un régimen que canceló miles de organizaciones civiles.
Lea esos tres casos con los ojos de Tocqueville y el patrón aparece solo.
Los tres destruyeron lo mismo: las asociaciones que no controlaba el Estado. Sindicatos independientes, cámaras empresariales, universidades autónomas, prensa libre, iglesias, organizaciones civiles. Todo lo que un ciudadano podía hacer junto a otros sin pedir permiso quedó absorbido por el partido o prohibido.
El socialismo latino no fracasó por buscar la igualdad. Fracasó porque la buscó eliminando la única escuela donde los pueblos aprenden a ser libres. Cuando el Estado ocupa todo el espacio, el ciudadano solo tiene dos opciones: obedecer o irse. Ocho millones escogieron irse.
En 1989, el economista John Williamson resumió en diez medidas lo que Washington recomendaba a América Latina: disciplina fiscal, apertura comercial, privatizaciones, desregulación. Se le llamó el Consenso de Washington.
Hay que ser justos, porque la justicia es lo que distingue un ensayo de un panfleto. Algunas cosas funcionaron. La inflación dejó de devorar salarios. Los bancos centrales ganaron autonomía; el de México la tiene desde 1994. La apertura comercial convirtió al país en una potencia exportadora.
Pero el núcleo fracasó. México privatizó Teléfonos de México en 1990 y lo que surgió no fue un mercado, fue un monopolio privado. En 2012, la OCDE estimó que la falta de competencia en telecomunicaciones le costó al país 129,200 millones de dólares entre 2005 y 2009, casi el dos por ciento del producto cada año. Los consultores de la empresa disputaron esa cifra. Nadie disputó que el mercado estaba concentrado.
En 1995, tras la crisis de diciembre, la economía mexicana cayó más de seis por ciento. En 2001, Argentina, alumna estrella del Consenso, cayó en el mayor incumplimiento de deuda soberana de su época y congeló los ahorros de su clase media.
El neoliberalismo latino no fracasó por creer en el mercado. Fracasó porque privatizó antes de construir las reglas que hacen que un mercado sea competencia y no captura.
Pasó el poder de manos del Estado a manos de unos cuantos, sin pasar nunca por el ciudadano. Un mercado sin tribunales que funcionen, sin competencia real y sin Estado de derecho no es libre mercado. Es un mercado con dueño.
El poder se concentra en el Estado y en el partido.
El poder se concentra en los monopolios privatizados.
Absorbe o prohíbe las asociaciones independientes.
Las ignora: el ciudadano es consumidor, no asociado.
El municipio obedece al centro.
El municipio sigue obedeciendo al centro.
La ley se somete al proyecto.
La ley se somete al que puede pagar abogados.
Ponga las dos columnas juntas y lo que salta a la vista no son las diferencias. Es lo que tienen en común.
Los dos se diseñaron en una capital, por élites que sabían lo que le convenía al pueblo. Los dos cambiaron de manos el poder sin devolvérselo a la plaza. Los dos dejaron intacto el centralismo que Tocqueville ya había identificado como el mal de origen.
América Latina no tiene un problema de izquierda o de derecha. Tiene un problema de arriba hacia abajo.
Y esa es la geometría que sí importa.
Una teoría del desarrollo para América Latina construida desde los principios de la libertad. No desde el Estado que lo decide todo, ni desde el mercado que lo resolvería todo. Desde el ciudadano que se organiza bajo la ley.
La tesis cabe en una línea: un país se desarrolla en la medida en que sus ciudadanos pueden asociarse, poseer, competir y gobernarse localmente bajo reglas que también obligan al poder.
No es una ocurrencia. Es la convergencia de tres tradiciones que casi nunca se leen juntas: Tocqueville, que vio la libertad en la asociación y el municipio; Hernando de Soto, que mostró en el año 2000 que los pobres de América Latina tienen activos pero no títulos, capital muerto que no pueden usar; y Daron Acemoglu y James Robinson, premio Nobel de Economía en 2024, que demostraron que las naciones prosperan cuando sus instituciones son inclusivas y fracasan cuando son extractivas.
De ahí salen siete principios.
Ninguna política de desarrollo funciona donde los contratos no se cumplen y los jueces se venden. La primera inversión de un país no es un tren ni una refinería. Es un tribunal que funcione, también contra el poderoso.
Donde el cártel cobra piso, el comerciante no paga impuestos al Estado: paga una cuota a un soberano privado. Eso no es libre mercado. Es feudalismo. La libertad económica empieza con la paz.
Millones de familias latinoamericanas tienen casa, parcela o negocio sin título que puedan usar como garantía. Formalizar su propiedad no es un subsidio. Es darles acceso al capital que ya es suyo.
Municipios con facultades reales, recaudación propia y rendición de cuentas ante sus vecinos. El ciudadano aprende a gobernar gobernando lo que tiene cerca: su calle, su agua, su policía.
Cooperativas, cámaras, sindicatos independientes, fundaciones, juntas vecinales. Todo lo que los ciudadanos hacen juntos sin pedir permiso es desarrollo. Todo lo que el poder reparte a cambio de lealtad es tutela.
La libertad económica no es proteger a los grandes. Es abrir la puerta a los pequeños. Competencia real, reguladores independientes y castigo a los monopolios, públicos o privados.
Banco central autónomo, inflación baja y comercio abierto. Fue lo mejor del periodo neoliberal, y ninguna teoría seria debería tirarlo por la ventana.
Amartya Sen, premio Nobel, publicó en 1999 Desarrollo y libertad. Sostuvo que la libertad es a la vez el fin y el medio del desarrollo. La libertad asociada parte de ahí, pero cambia el lugar donde la busca.
Sen pensó la libertad sobre todo como capacidades que un Estado ayuda a ampliar: salud, educación, participación. Es correcto y es insuficiente para América Latina, donde el mismo Estado que debería ampliar capacidades es el que las captura. La libertad asociada pone el acento en lo que los ciudadanos construyen entre ellos, antes y por encima de lo que el Estado les entrega.
Tampoco es la tercera vía de los noventa, que buscaba un punto medio entre Estado y mercado sobre la misma línea. Aquí no hay punto medio porque la línea es otra. Friedrich Hayek lo intuyó en 1960, cuando escribió que el liberal no está entre el socialista y el conservador, sino en la tercera esquina de un triángulo. La libertad asociada se sitúa en esa esquina, y le agrega lo que a Hayek le faltó: el municipio y la asociación como la forma práctica de la libertad.
La pregunta ya no es cuánto Estado o cuánto mercado. Es cuánto poder queda en manos del ciudadano organizado bajo la ley.
El filósofo italiano Norberto Bobbio sostuvo en 1994 que la distinción persiste porque detrás hay una actitud frente a la desigualdad. Tiene razón en que esa tensión es permanente. Pero la libertad asociada no la niega: la traslada. La igualdad que importa es la de reglas, de títulos y de acceso a la asociación, y esa igualdad es precisamente la que ni el socialismo ni el neoliberalismo latinos construyeron.
Es cierto y hay que decirlo. Según el INEGI, la pobreza pasó de 41.9 por ciento en 2018 a 29.6 por ciento en 2024. Pero el propio análisis académico estima que las transferencias explican cerca de dos y medio puntos de esa caída; el resto vino sobre todo del ingreso laboral. Y en el mismo periodo la población sin acceso a servicios de salud pasó de 16.2 a 34.2 por ciento. El dinero llegó. Las instituciones no.
Dinamarca o Suecia cobran impuestos altos, sí. Pero lo hacen sobre la base más tocquevilliana del mundo: altísima confianza, municipios con enorme autonomía, asociaciones densas y Estado de derecho impecable. Su Estado grande es resultado de esa base, no su causa. Copiar el tamaño sin la base es volver a trasladar la letra sin el espíritu.
La filósofa Chantal Mouffe advierte que cuando la política se vuelve pura administración sin adversarios, el conflicto se muda a los extremos. La libertad asociada no suprime el conflicto. Lo baja al municipio y a la asociación, donde se puede procesar entre vecinos, en lugar de dejarlo concentrado en una sola silla presidencial.
¿Estamos condenados a hablar siempre de izquierda y derecha?
Estamos condenados a tener algún mapa. Ninguna comunidad política puede ordenar sus desacuerdos sin un eje. Pero no estamos condenados a este.
El eje que va de izquierda a derecha nos obligó durante dos siglos a escoger entre el Estado que lo decide todo y el mercado que lo resolvería todo. América Latina escogió los dos, uno tras otro, y los dos fracasaron por la misma razón: se construyeron desde arriba.
El eje que viene va de arriba hacia abajo. De un lado, los proyectos que concentran el poder, sea en un partido, en un caudillo o en un monopolio. Del otro, los que lo devuelven al ciudadano organizado bajo la ley.
Eso es lo que significa sentido común, libre mercado y libertad cuando se dicen en serio. No un eslogan. Un método: ley que obliga al poderoso, propiedad que se puede usar, municipio que se gobierna, asociación que no pide permiso y mercado que no tiene dueño.
Tocqueville lo escribió en 1835. Los mexicanos copiaron la letra de la ley y no pudieron trasladar el espíritu.
El espíritu no se copia. Se practica.
Y se empieza en la plaza.
Hasta aquí, el diagnóstico y la teoría. Esto es lo que propongo para México, y en buena medida para el mundo.
Mi visión de la política se basa en un orden estricto de la ley. Cero tolerancia a la impunidad. Consecuencias inmediatas para la corrupción.
Parto de un diagnóstico que ya no admite eufemismos: más allá de izquierda y derecha, en demasiados territorios de México hoy manda el narcotráfico. No se corrige un Estado capturado con un cambio de partido. Se corrige cambiando las reglas del juego, y haciendo que se cumplan también para los poderosos.
Por eso mi propuesta tiene dos ejes. El primero restablece la ley. El segundo quita al Estado del camino de quien quiere trabajar, invertir y crecer.
La impunidad no se derrota con discursos ni con atajos. Se derrota con instituciones que otros países ya probaron, y que dieron resultados frente a élites que parecían intocables.
Investigadores internacionales, respaldados por Naciones Unidas, trabajando junto a la fiscalía nacional con facultades reales. En Guatemala esa comisión llevó a la renuncia y al proceso de un presidente en funciones en 2015. México necesita un árbitro que el crimen no pueda comprar.
Revisión individual del patrimonio, los vínculos y la capacidad de cada juez y cada fiscal, con supervisión internacional. En Albania, cientos fueron removidos o renunciaron. Es la forma legal de tener, en poco tiempo, un poder judicial en el que se pueda confiar.
En 1990, un movimiento estudiantil impulsó la llamada séptima papeleta, que llevó a la Asamblea Constituyente de 1991. Un nuevo pacto nacional sí, pero nacido de las urnas, para que nadie pueda discutir su legitimidad.
Salas dedicadas a crimen organizado y corrupción, con plazos cortos y obligatorios. La justicia lenta es impunidad con otro nombre. La justicia sin garantías es venganza. Se necesita la rapidez de la primera y la solidez de un proceso que nadie pueda anular.
Los bienes adquiridos con dinero ilícito pasan al Estado, con procedimientos ágiles y transparentes. El narcopolítico teme menos a la cárcel que a perder la fortuna. Hay que tocar las dos.
Cooperación plena con Estados Unidos y con cualquier jurisdicción que persiga a quien lavó dinero, protegió a un cártel o traicionó a su país. El fuero no puede seguir siendo una frontera.
Restablecer la ley es la condición. El desarrollo lo hacen los ciudadanos. El Estado que propongo es pequeño, operativo y exigente consigo mismo. No la falsa austeridad que recorta hospitales para financiar obras de ocurrencia, sino un Estado del tamaño de lo que de verdad le toca hacer.
Cada dependencia justificada por resultados medibles. Menos oficinas, más servicio. El ahorro no se presume: se mide.
El Estado crea los mejores incentivos fiscales y económicos del continente y se quita del camino. Certeza jurídica, permisos rápidos y reglas que no cambian cada sexenio.
Corregir los monopolios públicos y privados con competencia real, y desregular los mercados que hoy solo protegen al que ya está adentro.
Una política social que se evalúa por lo que construye, no por lo que reparte. Vivienda accesible con créditos privados a las mejores tasas de interés, para que cada familia tenga un patrimonio y no una dependencia.
Créditos empresariales para el desarrollo industrial y económico, especialmente para la pequeña y mediana empresa que hoy no encuentra quién le preste.
Arbitrajes ejecutivos y centros de justicia alternativa efectivos, para que un contrato, una deuda o un conflicto entre vecinos se resuelvan rápido y sin corrupción.
Educación de alta calidad diseñada junto con los empresarios, para que cada joven salga de la escuela con un oficio, una profesión o una empresa en la cabeza.
Esa es la diferencia entre un Estado fuerte y un Estado autoritario. El fuerte también se somete a la ley.
Cero impunidad y libertad económica no son dos programas distintos. Son el mismo programa visto desde dos lados. Sin ley no hay mercado, solo cobro de piso. Y sin libertad para trabajar e invertir, la ley se vuelve un fin en sí misma que nadie tiene razones para defender.
Tocqueville escribió que la letra de la ley no basta sin el espíritu que le da vida. Esta es mi propuesta para darle a México las dos cosas: una ley que obligue a todos, y un pueblo libre para construir.
Ese es el México que propongo. Y creo, con los ajustes de cada lugar, que es también lo que necesita buena parte del mundo.
Cada semana me hacen las mismas preguntas en redes, en entrevistas y en la calle. Estas son mis respuestas, sin rodeos.
Ni lo uno ni lo otro. Esa geometría nació en 1789 y ya no explica el mundo.
La línea que importa hoy no va de izquierda a derecha. Va de arriba hacia abajo: de un lado, quienes concentran el poder; del otro, quienes lo someten a la ley. Yo estoy del lado de la ley, del orden y de la libertad. Si eso me pone a la derecha para algunos y al centro para otros, me tiene sin cuidado. Lo que importa es qué hace un gobierno cuando un juez le dice que no.
Que todos somos iguales ante la ley. Todos. Sin excepción.
Nadie debe ser perseguido, discriminado ni violentado por a quién ama o por cómo vive su vida privada. Eso no está a discusión. Un Estado de derecho protege a cada persona por igual, y la vida privada de un adulto no es asunto del gobierno.
Pero igualdad significa igualdad. Los derechos son de las personas, no de los grupos. Ninguna minoría debe ser perseguida, y ninguna debe tener privilegios que no tenga el resto de los ciudadanos.
No. Y al revés, tampoco.
El mismo derecho tiene un gay a ser político que un católico, un evangélico o un judío. El mismo derecho tiene un creyente a expresar su fe en la plaza pública que cualquier otro ciudadano a expresar sus convicciones. Una minoría sexual no puede tener más privilegios que una mayoría religiosa, y una mayoría religiosa no puede imponerle su fe a nadie por ley.
Eso no es tolerancia a medias. Es la definición de una república: la misma regla para todos.
Que no son enemigos. Son las dos manos del mismo cuerpo.
No hay trabajador sin empresa, ni empresa sin trabajador. La vieja idea de que uno gana lo que el otro pierde es la que ha mantenido pobre a América Latina. Los salarios suben de verdad cuando sube la productividad, y la productividad sube cuando hay inversión, crédito, capacitación y reglas estables.
Por eso propongo crédito para quien quiere emprender, educación diseñada junto con las empresas y justicia rápida para que un contrato laboral o comercial se resuelva en semanas. Un país próspero es uno donde el trabajador de hoy puede ser el empresario de mañana.
La clase media es el corazón de una democracia. Y no, no está prohibido ser rico.
Tocqueville lo vio en 1835: una sociedad libre descansa en ciudadanos con patrimonio propio, que no dependen del favor del gobierno. La clase media es la que paga impuestos, la que emprende, la que educa a sus hijos para que les vaya mejor. Es a la que el populismo siempre castiga, porque no depende de él.
Ser rico no es un delito. Lo que debe estar prohibido es enriquecerse con el poder. Quien crea riqueza con trabajo, talento e inversión dentro de la ley merece reconocimiento. Quien se enriquece con un contrato amañado, un monopolio protegido o dinero del narco merece la cárcel. Esa es la única línea que importa.
Israel no es un imperio. Es una nación pequeña con derecho a existir y a defenderse.
Hablamos de un país con un territorio del tamaño aproximado del estado de Hidalgo, rodeado desde su fundación por quienes han proclamado abiertamente su destrucción. Llamar imperialismo a la defensa de un Estado pequeño frente a quienes quieren borrarlo del mapa es invertir la realidad.
Defiendo a Israel y su derecho a existir. Y defiendo su derecho a combatir a sus enemigos, como lo haría cualquier nación que se toma en serio la vida de sus ciudadanos.
El sionismo es el derecho de Israel a existir y a combatir a sus enemigos. Y un Estado palestino puede existir, a partir del reconocimiento de Israel.
No hay contradicción. La paz no empieza con la desaparición de uno de los dos. Empieza cuando los palestinos, y quienes dicen hablar por ellos, reconozcan que Israel existe y va a seguir existiendo. Sobre ese reconocimiento se puede construir un Estado palestino. Sin él, no se puede construir nada.
No. Y para decirlo con seriedad hay que ver los números completos, no solo los que convienen.
Primero, la magnitud en Gaza, sin maquillaje. Según el ministerio de Salud de Gaza, entre octubre de 2023 y agosto de 2026 murieron 73,389 personas, entre ellas 21,638 niños. Es cerca del 3.3 por ciento de la población que había antes de la guerra, y alrededor del 2 por ciento de sus niños. Esa cifra no distingue entre combatientes y civiles, pero ningún análisis serio niega que la mayoría de los muertos fueron civiles. Es una tragedia enorme, y quien la minimiza pierde la discusión antes de empezarla.
| Soldados y agentes de seguridad israelíes caídos desde 1860Ministerio de Defensa de Israel, 2026 | 25,650 |
| Civiles israelíes asesinados en ataques desde 1948Instituto Nacional de Seguros de Israel, 2026 | 4,587 |
| Asesinados el 7 de octubre de 2023, en un solo día828 civiles, 36 de ellos niños | 1,195 |
| Judíos asesinados en el HolocaustoUn tercio de todos los judíos del mundo | 6,000,000 |
| Palestinos muertos en la guerra de 1948Estimación de historiadores | ~15,000 |
| Palestinos muertos entre 2008 y septiembre de 2023Naciones Unidas, OCHA | 6,407 |
| Muertos en Gaza desde octubre de 2023Ministerio de Salud de Gaza, a agosto de 2026 | 73,389 |
Segundo, la proporción. El genocidio busca destruir a un pueblo, y en los genocidios que la historia reconoce esa destrucción se consumó en una parte enorme del grupo:
Y hay un dato que ningún crítico menciona: en 1948 había alrededor de 1.4 millones de árabes palestinos. Hoy hay cerca de 15 millones de palestinos en el mundo, y la población de Gaza pasó de unos 300,000 a 2.2 millones. Mientras tanto, después de 1948 cerca de 850,000 judíos fueron expulsados o huyeron de los países árabes donde vivían desde hacía siglos. Un pueblo sometido a genocidio no se multiplica por diez.
Tercero, lo que los números no deciden. Sería deshonesto terminar ahí. En Srebrenica, en 1995, fueron asesinados cerca de 8,000 hombres y niños bosnios musulmanes, y dos tribunales internacionales lo declararon genocidio. El genocidio no se define por la cantidad de muertos, sino por la intención de destruir a un pueblo. Por eso la acusación contra Israel se apoya en declaraciones de funcionarios y en las restricciones a la ayuda humanitaria, y por eso es la Corte Internacional de Justicia la que tiene que decidirlo. En enero de 2024 ordenó medidas para prevenir un genocidio, pero no ordenó detener la guerra. El juicio sigue abierto, con plazos hasta 2029.
Mi respuesta, con todo eso a la vista: no. Lo que muestran los hechos es una guerra brutal contra una organización que se esconde entre civiles, iniciada por la matanza de judíos más grande desde el Holocausto, con un costo humano que hay que mirar de frente. No muestran la intención de exterminar a un pueblo, y la magnitud tampoco se parece a la de los genocidios que la humanidad ya conoce. Mientras no haya sentencia, acusar de genocidio es una posición política, no un hecho jurídico.
Defiendo la vida. Y precisamente porque la defiendo, acepto el aborto en tres casos.
Cuando el embarazo es producto de una violación. Cuando hay una enfermedad terminal. Y cuando una mujer, por la razón que sea, no quiere o no puede cuidar a su hijo.
Obligar a una víctima de violación a llevar dentro al hijo de su agresor no es defender la vida. Y traer al mundo a un niño que nadie va a poder cuidar tampoco lo es. Defender la vida es garantizar que cada niño que nace tenga quién lo cuide.
Que la religión es una de las grandes escuelas de la libertad, y que el Estado debe ser laico sin ser enemigo de la fe.
Tocqueville escribió que en Estados Unidos la religión, sin mezclarse nunca directamente en el gobierno, debía considerarse la primera de sus instituciones políticas. Porque forma conciencias, crea comunidad y le enseña a la gente a asociarse para ayudar al prójimo sin esperar nada del gobierno.
Iglesias, parroquias, templos y sinagogas son asociaciones de ciudadanos libres. Muchas veces están donde el Estado no llega. El Estado no debe imponer ninguna fe, ni perseguir ninguna. Separación entre Iglesia y Estado, sí. Hostilidad del Estado contra la fe, nunca.
Llevarlos a juicio. Rápido, con pruebas y sin excepciones.
Tribunales especializados con plazos cortos, extinción de dominio sobre cada peso que robaron y extradición sin excepciones a donde los reclamen. Y todo con debido proceso, porque una condena que nadie puede anular vale más que diez que se caen en apelación.
El narcopolítico no le teme a la retórica. Le teme a perder su fortuna y a un juez que no pueda comprar. Eso es lo que propongo darle.
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